Se trata de un programa socioeconómico que armó la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y que prevé la producción en tierras estatales, la intervención de los bancos, una ampliación de la AUH y la estatización de empresas, entre otros puntos
Fue una reunión para repasar la crisis desatada por la pandemia y trasladar las inquietudes de los barrios vulnerables. Pero sobre todo fue un encuentro para llevar al Gobierno una propuesta concreta. En este contexto, el presidente Alberto Fernández recibió ayer a puertas cerradas al líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban “Gringo” Castro, quien le entregó un polémico documento firmado por 103 movimientos sociales que plantea un ambicioso programa económico y social para salir de la crisis en que se encontrará la Argentina después de la pandemia.
Bajo el título “Manifiesto nacional por la soberanía, el trabajo y la producción”, el texto que Castro le entregó en mano al Presidente contempla un amplio abanico de medidas económicas que se podrían tomar para lograr una reducción de la pobreza y la generación de empleos en los sectores vulnerables.
“El Presidente escuchó, tomó nota y asumió que en el futuro inmediato habrá que atender a miles de compañeros que se quedaron sumergidos en la pobreza”, explicó Castro al término de la reunión con Alberto Fernández en la Casa Rosada. El líder social dijo que el jefe de Estado se comprometió a analizar el documento que le entregó la UTEP y que responde al reclamo de 103 movimientos sociales.
El documento que Castro le entregó al Presidente es mucho más amplio que el que hace un mes le llevó al Gobierno el líder de la CTEP, Juan Grabois. Tampoco tiene relación este documento con el encuentro que mantuvo hace 10 días el presidente Alberto Fernández con un grupo de referentes de movimientos sociales porteños que articulan la asistencia social en los barrios vulnerables.
El texto de 9 páginas de la UTEP al que accedió Infobae contempla la posibilidad de la creación de un millón de chacras mixtas combinadas con la industrialización del campo, planificada y federal con tierras estatales; imponer una empresa estatal con capacidad reguladora de los precios internos; exigir a los bancos que reprogramen todas las deudas que no puedan pagarse; crear un Banco Federal de Desarrollo que impulse el crecimiento en los sectores estratégicos; prohibir la remisión de utilidades al exterior por parte del capital extranjero durante 5 años; fijar la estatización de las empresas de servicios públicos y hacer un reordenamiento del territorio nacional con nuevas ciudades creadas alrededor de nuevas unidades productivas, entre otras cosas.
Castro aseguró que Alberto Fernández se comprometió a empezar a trabajar este documento con diferentes Ministerios del Gobierno desde la semana que viene y que lo vio muy predispuesto al Presidente a tomar algunas de las propuestas que la UTEP le llevó a la Casa Rosada para salir de la crisis post pandemia. Algunas de las agrupaciones firmantes del documento están alineadas con el kirchnerismo duro aunque hay otros grupos que vienen manteniendo una postura crítica del Gobierno.
El documento que recibió el jefe de Estado contempla ocho capítulos de “medidas de acción” y comienza con una dura crítica al menemismo, el gobierno de la Alianza y la “fatídica etapa de Cambiemos” que, al entender de los movimientos sociales, generaron una “agenda de dependencia económica y pobreza extrema impuesta por la globalización financiera en nuestro país”.
Al entender de la UTEP, todas estas variables se profundizaron con la pandemia y plantean los siguientes ejes de las “políticas soberanas” para salir de la crisis:
1-Soberanía Alimentaria. Allí se impulsa una “independencia en la producción, transporte y comercialización de alimentos de las cadenas globales de especulación financiera”. Y se propone para ello impulsar la creación de un millón de chacras mixtas combinadas con la industrialización del campo; “reemplazar al capital concentrado extranjero preponderante en los supermercados, por capital público que garantice el abastecimiento justo” y declarar de interés y utilidad pública aquellos sectores económicos que resulten centrales para enfrentar la crisis alimentaria. En este aspecto, el documento de la UTEP plantea “la necesidad de una empresa estatal con capacidad reguladora de los precios internos”.
2-Soberanía Monetaria y Financiera. En este punto el texto propone recuperar capacidad de emisión propia de dinero estatal; definir nacionalmente el destino del crédito interno y declarar al sistema bancario como servicio público. Así se propone impulsar un plan de financiamiento compulsivo donde los bancos tienen que garantizar que se reprogramarán todas las deudas que no puedan pagarse. Y se activen líneas de crédito para garantizar el pago de salarios y el crédito para el capital de trabajo. La UTEP plantea una intervención “más agresiva” del BCRA y “si es necesario intervenir la banca privada” para que opere por cuenta y orden del Banco Central y cumpla con las regulaciones de la Autoridad Pública. En este punto Castro le propuso al Presidente crear un fondo para promoción de la economía popular a través de créditos y subsidios o un Banco Federal de Desarrollo que impulse el crecimiento en los sectores estratégicos.
3-Soberanía Fiscal. El documento plantea liberar por 5 años al Estado de cualquier compromiso relacionado con una deuda externa y establecer un “Impuesto Solidario” como mecanismo para que el 5% más rico del país contribuya a atender la situación de pobreza estructural junto con una reforma tributaria integral progresiva, incrementando los gravámenes sobre los sectores de mayores ingresos.
4-Soberanía Productiva. En este capítulo del documento se impulsa una estrategia de sustitución y control estricto de importaciones para que sólo se compren en el exterior insumos insustituibles para el desarrollo de la industria nacional y para consumos esenciales. Y pide prohibir la remisión de utilidades al exterior por parte del capital extranjero durante 5 años para revertir la crisis económica
5- Soberanía Energética. Desde los movimientos sociales, se planteó recuperar el control sobre YPF y atender a que el proceso de distribución energética sea un sistema centralizado a la vez que propone “la estatización de las empresas de servicios públicos”.
6-Soberanía Marítima. En este aspecto el texto entregado al Presidente propone reconstruir la flota mercante de bandera nacional y nacionalizar los puertos para permitir al Estado promover las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas y controlar mejor las importaciones.
7-Piso de Ingresos Garantizado. Se trata de instrumentar la universalización de un “Salario social de Empleo y Formación” para todos los jefes y jefas de hogar desocupados; ampliar la Asignación Universal por Hijo (AUH) para unos 4 millones de niños y niñas que no estarían alcanzados hoy por esta cobertura y fijar una jubilación universal para la población adulta mayor equivalente al 82% del salario social.
8-Acceso a la Vivienda. Poner en marcha un plan de construcción de un millón de viviendas populares en un año los movimientos sociales nucleados en la UTEP proponen impulsar una nueva Ley de Alquileres que tenga registro de contratos, plazo mínimo legal de 7 años, y recuperación de un índice estatal de ajuste de precios. Al mismo tiempo, en este capítulo se planteó la necesidad de dar con un “reordenamiento del territorio nacional con nuevas ciudades creadas alrededor de nuevas unidades productivas” para descongestionar a las grandes urbes y crear 200.000 lotes con servicios para las jóvenes familias humildes. Esto se daría con terrenos estatales que se encuentran en desuso en la actualidad.
Además de Castro, entre los firmantes del documento aparecen Hugo “Cachorro” Godoy, (Asociación de Trabajadores del Estado); Ricardo Peidro (CTA Autónoma); Walter Correa (Corriente Federal de Trabajadores); Gringo Amicheti, (Federación Gráfica Bonaerense); Gringo Castro (UTEP); Juan Carlos Smith (FEMPINRA); Gisela Bustos (MNER); Juan Carlos Alderete (CCC); Eleonora Pedot (Vía Campesina); Gervasio Muñoz (Federación Nacional De Inquilinos), Damián Regalini (Consejo Productivo Nacional) y firman como adherentes 103 movimientos sociales de todo el país.
